DECLARACIÓN PÚBLICA De condena a los crímenes sexuales de sacerdotes de la Iglesia Católica y de solidaridad con las víctimas

A la ciudadanía toda:

Ante el conocimiento público de los abusos sexuales hacia menores de edad cometidos por integrantes de la Iglesia Católica en los últimos años y el reconocimiento de tales aberraciones, violatorias de los Derechos Humanos, por parte de esa institución, a través de documentos emitidos por la Conferencia Episcopal del Uruguay el día 13 de abril las organizaciones firmantes manifiestan:

  • Su solidaridad con las víctimas, ofreciendo lo que esté a su alcance respecto al asesoramiento en diferentes áreas, contribuyendo a la recomposición personal, y al esclarecimiento de los crímenes por la vía judicial.
  • Su repudio y condena ante los reiterados actos de abuso sexual a menores y otros actos de violencia, física o psicológica, por parte de numerosos sacerdotes católicos y al encubrimiento sistemático e institucional de las jerarquías de la Iglesia Católica -tanto en el territorio nacional como en el Vaticano- a través del tiempo. Hacen suyas las declaraciones de condena a iguales actos delictivos en el mundo entero, realizadas por la AILP (Asociación Internacional de Libre Pensamiento) y otras instituciones defensoras de los DDHH.
  • Preocupación ante los reiterados crímenes sexuales y actos delictivos en el mundo entero perpetrados por sacerdotes católicos, que emergen a la luz pública en las últimas décadas a través de investigaciones periodísticas. Uruguay no es ajeno a tales aberraciones, presentes a lo largo de toda nuestra historia, habiendo motivado alarma e indignación ciudadana en el 1900, antes de la consagración del Estado Laico por la Constitución de 1917, donde se establece la separación de la iglesia católica del Estado, con el voto afirmativo de prácticamente todos los partidos políticos de entonces y la aprobación de la ciudadanía en un plebiscito. Hoy como ayer salen a luz estos actos, al desafiar el ocultamiento de las altas jerarquías católicas.
  • Reivindicar a las instituciones estatales –representativas de toda la sociedad y garantes de los derechos de la ciudadanía- como la vía de canalización de las denuncias de abuso sexual: tanto a través de la policía como del poder judicial. En consecuencia, manifestamos el más absoluto y contundente rechazo a la estrategia implementada por la Conferencia Episcopal del Uruguay de convocar a las víctimas a que realicen las denuncias ante un organismo creado en su seno a tales efectos. La actuación de esta oficina eclesial “ad hoc” de las instituciones estatales, estará inevitablemente signada por la parcialidad, como la experiencia lo indica. Según el órgano católico de referencia estará integrado por personal “idóneo”, que tendrá que informar a las autoridades eclesiásticas, las que tienen control sobre la misma, resultando de ello que las autoridades se transforman en juez y parte. Actuará como un  “filtro” ante el Estado, cuando en realidad la institución que representa debe ser indagada. Este ensayo de privatización de la justicia o derecho paralelo, consagra en los hechos, la división de la sociedad en categorías de triste memoria en la historia reciente: por un lado el conjunto de los ciudadanos y por otro, los sacerdotes católicos que gozan de privilegios especiales. Un derecho paralelo, inadmisible para la institucionalidad republicana y la definición de Estado Laico, evocador de otras modalidades de corporativismo que han sido nefastas en la historia reciente del país, y que nos han agredido hace poco, como sociedad, con el robo de materiales relativos a la búsqueda de desaparecidos. Distintos corporativismos, similares ocultamientos.
  • Denunciar el encubrimiento de los casos de pedofilia a lo largo del tiempo. Como lo demuestran las investigaciones periodísticas, los casos en los últimos años no fueron denunciados ante la justicia por las autoridades eclesiásticas. Tal es el caso notorio del ex arzobispo de Montevideo Nicolás Cotugno, que integró la Comisión Para la Paz y otros organismos para el esclarecimiento de violaciones a los DDHH, y sin embargo –como se ha comprobado- encubrió a sacerdotes pedófilos durante los años de su gestión. El mencionado jerarca actualmente integra la Conferencia Episcopal del Uruguay como obispo emérito y por lo tanto es miembro activo -con voz y voto- de ese organismo. Iguales consideraciones pueden realizarse en los casos de violación y abuso sexual en el mismo tiempo y posterior, incluyendo el presente, en los departamentos de Montevideo y Treinta y Tres, involucrando a otros jerarcas.
  • El reconocimiento a la revocación del decreto de la Intendencia de Treinta y Tres, que declaraba como ciudadano ilustre al sacerdote Francesco Zapella (22 de setiembre de 2014), de nacionalidad italiana, pero de actuación en Uruguay por largo tiempo, debido a “las informaciones emitidas” por la prensa (decreto revocatorio del 14 de abril de 2016). El sacerdote Zapella había llegado a Uruguay con una causa abierta en Italia en 1991 por abuso sexual a menores y en la actualidad tiene causa abierta en Uruguay imputado por los mismos motivos. Finalmente la verdad salió a luz, pese al empecinado ocultamiento de las jerarquías eclesiásticas
  • Reconocer la labor periodística y de investigación, como factor fundamental en el conocimiento de los hechos y de información a la ciudadanía, evitando de esa forma, la invisibilización de los mismos y en consecuencia, el encubrimiento de los criminales. Lo mismo ha sucedido en diversas partes del mundo, recientemente relatado por la película “Spotligh”, inspirada en la investigación periodística que da cuenta de los casos de pedofilia en la ciudad de Boston, estado de Massachussets (USA). La Conferencia Episcopal del Uruguay y su vocero Milton Tróccoli (obispo auxiliar de Montevideo) reconocen su salida a la opinión pública “frente a las resonancias generadas por el film Spotlight, que ha llevado a varios medios de comunicación a realizar investigaciones sobre este asunto.” (13 de abril de 2016)
  • Llamar a la ciudadanía a estar atentos, a custodiar los derechos de nuestros niños y niñas, y a denunciar a las autoridades estatales todos los actos que supongan la vulneración de derechos, sea maltrato o violencia física, emocional, o sexual. No permitir que estas aberraciones continúen sucediendo. Recomendar a las víctimas y a sus familiares o allegados, a realizar las denuncias correspondientes a través de los mecanismos legales vigentes.
  • Preocupación ante la injerencia y protagonismo de la Iglesia Católica en los asuntos públicos, permanentemente convocada por las autoridades estatales como un actor de consulta, por ser –según se dice- un referente moral, vulnerando y violentando la institucionalidad republicana y laica del Uruguay, que en el art. 5º de su Constitución establece que “el Estado no sostiene religión alguna”, así como las elementales reglas de convivencia tolerante. Los sacerdotes católicos y de otros credos deben estar fuera de las instituciones estatales, y en particular fuera de la escuela pública y del cuidado de menores. Tal como lo demuestran los hechos del presente y la historia, la Iglesia Católica no puede arrogarse ser el reservorio de las virtudes morales, ni enarbolar las banderas de exclusivismos anacrónicos y autoritarios.
  • Rechazar, por las razones jurídicas, políticas y morales expuestas, todo intento de colonización e invasión del Estado y del espacio público, incluyendo la instalación de símbolos o imágenes religiosas (valga como ejemplo el proyecto de erigir un monumento a la virgen María en la rambla del Buceo en Montevideo) por parte de las organizaciones religiosas, así como la transferencia de recursos estatales a las instituciones educativas privadas, en particular las religiosas. Uruguay es un Estado Laico y sus instituciones democrático-republicanas son garantía de tolerancia, convivencia pacífica e igualdad ante la ley, sin privilegios de ninguna naturaleza. Del celo y compromiso de  los ciudadanos en su defensa depende que lo siga siendo.

 

Montevideo, 15 de abril de 2016

 

Apostasía Colectiva Uruguay

Asociación Civil Trazos

Asociación Civil 20 de Setiembre

AILP (Asociación Internacional del Libre Pensamiento)

AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores)

AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional

Círculo Escéptico Uruguay

Club Teresita Garibaldi

MySU (Mujer y Salud en Uruguay)

SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)

A propósito del proyecto de instalar una imagen religiosa en la rambla de Montevideo

Carta abierta

EN DEFENSA DE LA LAICIDAD

Y DEL ESTADO LAICO

A propósito del proyecto de instalar una imagen religiosa en la rambla de Montevideo

Montevideo, 19 de febrero de 2016

Al señor Intendente de Montevideo, Ing. Daniel Martínez,

a los señores y señoras ediles de la Junta Departamental de Montevideo,

a la ciudadanía toda:

Ante el proyecto presentado a la Intendencia de Montevideo por la Arquidiócesis de este departamento, según consta en los medios de comunicación de esta entidad, solicitando la aprobación para instalar, en un espacio público frente al puerto del Buceo, la imagen de lo que denominan la “virgen milagrosa”, los abajo firmantes manifiestan que:

  • Uruguay es un Estado Laico, como tal, las instalaciones estatales y los espacios públicos en general deben guardar la neutralidad correspondiente, preservándolos para el uso y goce común de toda la ciudadanía y – en ningún caso – para el usufructo de una colectividad religiosa en particular. Esto es válido para todo el ámbito de soberanía de la República –superficie terrena, marítima y fluvial-  incluyendo sus islas y el territorio antártico. Por ello, igualmente rechazamos la estatua religiosa instalada recientemente en la isla de Flores.

  • La laicidad es la libre manifestación de todas las concepciones religiosas, políticas e ideológicas en igualdad de condiciones, sin preferencias para una en particular, en función de su peso o tradición social o alguna otra consideración particular, plasmándose institucionalmente en el Estado Laico. En él todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales, no admitiéndose favoritismos que, sea por el resultado del orden jurídico o por vía de los hechos, resulten en la instauración de ciudadanos de categorías A, B, o C, de triste memoria en el recuerdo de los uruguayos. Consagrar favoritismos implica romper una regla fundamental de la democracia republicana y laica.

  • Nuestra Constitución de la República expresa, de manera clara y concreta, que la libertad de cultos está garantizada plenamente y que todas las manifestaciones religiosas tienen derecho a expresarse libremente. En el Estado Laico las instalaciones estatales y los espacios públicos no pueden, y fundamentalmente no deben, ser un escenario de competencia entre preferencias particulares religiosas o políticas, sino el ámbito reservado al bien común.

  • La instalación de un símbolo religioso en ese espacio, en forma permanente, constituye una violación a la laicidad y la vulneración de las reglas de convivencia tolerante entre todos los ciudadanos. Significa, en los hechos, un claro favoritismo hacia quienes tienen determinada influencia en las esferas estatales, en detrimento de otras expresiones minoritarias discriminadas, suponiendo una injusticia y generando condiciones de dominación inaceptables en una república democrática y laica. La opresión consentida y consagrada jurídicamente es la peor de las opresiones.

  • Por todo ello, consideramos que si – finalmente – se acepta y decide instalar otra imagen religiosa, esta vez en la rambla del Buceo, no sólo sería violatoria de la laicidad sino que también se apartaría de la aplicación justa e igualitaria de la libertad de cultos. El hecho de que existan otros símbolos religiosos en el departamento de Montevideo, siendo también ellos violatorios de la laicidad y el Estado Laico, no habilita ni legitima una decisión que implique una nueva e irritante violación a la misma.

  • En estas circunstancias, llamamos a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la Laicidad y el Estado Laico, en el entendido que su institucionalidad garantiza la convivencia tolerante y respetuosa de todas las expresiones, reservándose los asuntos de conciencia al ámbito privado, en tanto el espacio público es el que reúne a todos los ciudadanos -sin preferencias, favoritismos, ni segregaciones de ninguna naturaleza- en la búsqueda del bien común.

AILP (Asociación Internacional de Librepensamiento)

APEL (Alianza Por la Educación y la Laicidad)

Apostasía Colectiva Uruguay

Asociación Civil Trazos

Asociación Civil 20 de setiembre

AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional)

AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores)

Círculo Escéptico Uruguay

ILEC (Instituto Laico de Estudios Contemporáneos)

MYSU (Mujer y Salud en Uruguay)

SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)

Nuevo atropello al Estado laico

El pasado 23 de setiembre del corriente año, fecha en que se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del prócer General José Artigas, se realizó la reinauguración de una capilla en las instalaciones del Hospital Central de las Fuerzas Armadas en la capital de la República, con la presencia del cardenal y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla y la señora María Auxiliadora Delgado –esposa del señor Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez –,  según fue publicitado en www.dnsffaa.gub.uy  y en el Semanario Búsqueda de fecha 22 de octubre, así como la creación en el seno de esa dependencia estatal de un denominado ‘’departamento de asuntos religiosos’’.

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 Ante ello, la Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores expresa a la Opinión Pública que:

  1. La Libertad de cultos está garantizada constitucionalmente en nuestro país, por lo que cada ciudadano es libre de creer o no creer según sus gustos y preferencias, teniendo la posibilidad de su práctica en el ámbito íntimo o de los templos de las distintas corrientes religiosas presentes en el país, pero el Estado “no sostiene religión alguna” (Art. 5º de la Constitución de la República), por lo que la instalación de una capilla religiosa y un departamento de asuntos religiosos en una dependencia estatal, es contrario a la Carta Magna.
  2. Se impone que el mando superior de las Fuerzas Armadas, integrado por el Sr. Presidente de la República y el Sr. Ministro de Defensa Nacional, intervenga para restablecer el orden republicano y laico subvertido de hecho por prácticas apartadas de la norma constitucional, y ajena a los valores republicanos de tolerancia y convivencia armoniosa.
  3. El art. 58º de la Constitución establece para los funcionarios públicos que ‘’en los lugares y horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier tipo’’. Preguntamos: ¿Qué tiene que ver con la función pública de los integrantes de las fuerzas armadas, una capilla religiosa y una oficina de asuntos religiosos? ¿Los precarios recursos del presupuesto nacional se destinan a financiar actividades religiosas? ¿Con que fin particulares ponen dinero para financiar esas actividades?
  4. Reiteramos como ya lo hizo el V Congreso Internacional del Libre Pensamiento reunido en el pasado mes de Setiembre en Montevideo, nuestro pesar por la constatación de la participación por acción u omisión de distintos actores de la vida nacional del Uruguay, favoreciendo esos retrocesos.
  5. Solicitamos con el mayor de los respetos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tomar las acciones necesarias para que se rectifique lo actuado y se suprima la mencionada capilla y el “departamento de asuntos religiosos” del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, por ser violatorio de la Libertad de Conciencia que garantiza la Laicidad y por su carácter proselitista ajeno al tradicional carácter abstencionista de nuestro Estado en esa materia.

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23 de octubre de 2015

Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores.

Carta abierta al Poder Legislativo

Frente a las expresiones de un grupo de Diputados y Ediles evangelistas:

LO RELIGIOSO NO DEBE ESTAR POR ENCIMA DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES

EXIGIMOS RECTIFICACIÓN O DESAFUERO

Las organizaciones abajo firmantes, que trabajan en defensa de la laicidad, imbuidas de los ideales republicanos que nos vienen desde nuestra historia, desean manifestar su honda preocupación ante las reiteradas expresiones públicas de varios integrantes del Poder Legislativo y del ámbito municipal de nuestro país, referidas a su subordinación a la ley religiosa en detrimento de nuestro sistema legal, de las cuales ellos – por su calidad – deben ser justamente garantes.

Estos, pertenecientes a diversas corrientes políticas, expresando su adhesión, militancia y lealtad a diferentes colectividades religiosas, ponen énfasis en la primacía y obediencia de los dictados particulares derivados de sus preferencias dogmáticas, por encima de los que se derivan de la Constitución de la República, la máxima norma jurídica cuyo mandato deben cumplir debido a los cargos de representantes de la ciudadanía que se encuentran ocupando.

Sin embargo, según informa (sin desmentidos) el Diario El País del 13 de setiembre de 2015, un grupo conformado por 16 representantes públicos (13 legisladores nacionales y departamentales, y 3 autoridades ejecutivas) “firmaron un compromiso” donde “se comprometieron a respetar la Constitución y las leyes ‘siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios’. Aseguraron que acatarán ‘los dictados’ de sus consciencias ‘informados por la Palabra de Dios, por encima de toda lealtad personal o partidaria’, y dijeron que la ‘base’ y el ‘fundamento’ para su actividad será el Evangelio”

Las autoridades referidas, como cualquier otro ciudadano uruguayo, tienen el derecho a creer o no creer, u optar por adherir a las corrientes religiosas y filosóficas que mejor entiendan, pero esa preferencia corresponde al ámbito privado, a su fuero íntimo y no a su rol gubernativo.

Quienes así actúan, relegan su rol de Representantes de la ciudadanía, para pasar a ser representantes de su colectividad confesional. Dan la espalda a los ciudadanos y a la democracia, haciendo imperar sus intereses particulares y de círculo por encima del bien común. Y, más grave aún, violentan la Ley al declarar que sus creencias metafísicas están por encima de ésta. La Constitución de la República es nuestra máxima Ley, a la que
estamos sometidos todos los uruguayos, pues emana de la legítima y única soberanía que es la del pueblo. Nada, ni la política, ni las ideologías ni las religiones, puede estar por encima. Una visión de este tipo, como la que han manifestado estas autoridades, constituye claramente una gravísima y notoria afrenta a los más caros valores republicanos y laicos. Y es un precedente extremadamente peligroso que lleva, en última instancia, a la fragmentación del espacio público.

Por esta situación, señalamos nuestra contrariedad respecto al hecho de que así como el Presidente de la República, el Vicepresidente y los Senadores prometen, al momento de asumir sus cargos, el respeto a la Constitución de la República, ello no sea así en el ámbito de los Representantes y los Ediles. El Proyecto de Ley que se encuentra en la Cámara de Diputados, sería entonces de una necesidad moral, política e institucional insoslayable.

Destacamos asimismo la dignidad y gran importancia en estos momentos, de la Declaración del 14 de setiembre de 2015, de la Iglesia Valdense, de larga trayectoria en nuestro país, deslindándose de estas posiciones al expresar que consideran que “… que la laicidad es un logro y un derecho que la sociedad uruguaya debe seguir defendiendo contra todo tipo de injerencia religiosa en los ámbitos y locales del Estado”.

Por lo anteriormente expuesto es que solicitamos al Poder Legislativo – uno de los pilares y garantías de nuestro sistema democrático-republicano de Gobierno – que se analice la mencionada situación y se proceda a exigir a aquellos de sus miembros que ponen la ley de su dios por encima de la Ley de la República, la inmediata retractación pública de sus posturas flagrantemente violatorias de la Laicidad del Estado, configurando ello una apología a la inconstitucionalidad; y en los casos en que se mantenga la tesitura referida, iniciar los procedimientos de desafuero correspondiente.

Sólo así, nuestras Instituciones estarían garantizando la supremacía de la Ley por sobre cualquier otra consideración, y se estaría evitando un precedente que podría llevar en el devenir a lamentables y no deseadas consecuencias.

Montevideo, 28 de Setiembre de 2015

FIRMAN:

• Apostasía Colectiva Uruguay
• Asociación Civil Trazos
• Asociación Civil 20 de Setiembre
• AILP (Asociación Internacional del Libre Pensamiento)
• AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores)
• AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional
• Círculo Escéptico Uruguay
• MySU (Mujer y Salud en Uruguay)
• SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)

Para contactar por esta iniciativa:

Raúl Bula: 099 590 102
Elbio Laxalte Terra: 099 918 485
Víctor Rodríguez Otheguy: 099 379 423
Diego Casera: 099 242 559
Victoria Contartese: 098 459 843

Declaración Vº Congreso Internacional del Librepensamiento, por la A.I.L.P.

A toda la Ciudadanía:

Se adjunta la declaración adoptada con relación a la situación en nuestro país, por el Vº Congreso Internacional del Librepensamiento, por la Asociación Internacional del Librepensamiento – A.I.L.P. y realizado los pasados días 18-19 y 20 de Setiembre del corriente.
Agradecemos su más amplia difusión y quedamos a vuestra disposición por cualquier ampliación o consulta:

Declaración Uruguay

Raúl Bula – Presidente de la A.U.L.P. – Tel.: 099 590 102
Víctor Rodríguez Otheguy – Tel.: 099 379 423
Diego Casera – Tel.: 091 242 559
Victoria Contartese – Tel.: 098 45 98 43

V Congreso Internacional del Libre Pensamiento

Posted on 4 junio, 2015 by in Eventos

programa congreso

 

A través de estos links pueden inscribirse al V° Congreso Internacional del Libre Pensamiento, están respectivamente en español, inglés y francés:

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Declaración Pública en Defensa de la laicidad y las instituciones republicanas

Montevideo, 3 de junio de 2015

A la ciudadanía:

Las organizaciones que conforman la “Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad”, manifiestan su sorpresa y alarma ante los anuncios de prensa, respecto a que “el Gobierno convoca a iglesias a foro para crear políticas de Estado” (El Observador, 27 de mayo de 2015). La información periodística señala que tras celebrarse el “acuerdo” del Consejo de Ministros del pasado lunes 25 de mayo, “el gobierno convocó a empresarios, sindicatos, universidades públicas y privadas e iglesias, entre otras organizaciones, a un conjunto de foros a realizarse desde octubre…” Los mismos, tendrán “como objetivo elaborar para antes de mediados de 2016[,] un conjunto de documentos que sirvan como guía para redactar leyes, códigos o eventuales políticas de Estado”.

Ante ello, la “Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad” manifiesta su inquietud respecto a la verosimilitud de la noticia, dado que el medio de referencia fue el único que aludió al tema, solicitando al Poder Ejecutivo la aclaración correspondiente.

Sin perjuicio de ello, consideramos que es menester señalar que, de confirmarse esta iniciativa, la misma  supone la institucionalización de los intereses corporativos en el seno del Estado. Implica instaurar la negociación entre diversos grupos o poderes fácticos, escenario en el que las organizaciones invitadas expresamente -asumiendo la representación de toda la ciudadanía- impondrían sus propios intereses, relegando así los de otros grupos, situándose de esta forma como voces privilegiadas y por encima de todos los ciudadanos. Supondría también legitimar las decisiones del Poder Ejecutivo pactando con grupos de poder o asumiendo el rol de Estado desertor desechando, para ello, el diálogo y natural intercambio entre los partidos políticos, implícito en una  democracia republicana y laica pues son ellos los legítimos representantes de la ciudadanía. El poder concebido de esta forma, supone la toma de decisiones dándole la espalda a los ciudadanos de a pie y a los que no tienen voz,  y relegando –expresamente- a los grupos no invitados y a las minorías de diverso orden, echando por tierra la búsqueda del “bien común”, uno de nuestros pilares republicanos fundacionales como nación, que nos viene de los tiempos de José Artigas.

De confirmarse esta noticia, no sería la primera vez que el presidente Tabaré Vázquez  toma la decisión de pactar, a puertas cerradas, con algunos grupos de interés o poderes corporativos, confiscando los derechos de toda la ciudadanía en general y de las minorías en particular. En la anterior Presidencia, la primera visita oficial del Dr. Tabaré Vázquez fue al entonces arzobispo de Montevideo Nicolás Cotugno en la catedral metropolitana, declarando a la prensa, en aquel momento, que vetaría cualquier legislación que intentara legalizar la interrupción del embarazo.

El modelo de concepción del poder y del Estado que se instalaría, de confirmarse la noticia, no haría otra cosa que institucionalizar la metodología del lobby político, rompiendo los pilares de la democracia republicana y laica, y consagrando de hecho, la existencia de ciudadanos de primera y segunda categoría. Algunos poderes fácticos –como voces privilegiadas- asumirían la representación de toda la ciudadanía, sustituyendo así, la legítima representatividad de los partidos políticos.  Este modelo supone también, en lo particular, el apartamiento por parte del Poder Ejecutivo del programa de gobierno propuesto a la ciudadanía en las elecciones parlamentarias de octubre y el posterior ballotage en noviembre pasado que, en ningún tramo del mismo, alude a esta concepción de Estado.

De confirmarse la verosimilitud de esta iniciativa y de prosperar, Uruguay dejará de ser una República Laica. Las organizaciones sociales, igual que los ciudadanos tienen garantizado el derecho a la libertad de expresión y a que se escuchen sus demandas, pero no a sustituir a las instituciones estatales en el diseño de las políticas públicas y en las funciones de gobierno, imponiendo sus preferencias a toda la sociedad. Un modelo así concebido trae consigo  las tercerizaciones, las privatizaciones encubiertas, el subsidio estatal a la educación privada -en particular la confesional, dejando la conciencia de los ciudadanos, en particular la de los más vulnerables, en manos de quienes nunca se resignaron a la separación de la iglesia católica del Estado- entre otras cosas.

Por todo lo expuesto, las asociaciones firmantes,  integrantes de la “Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad”, declaran:

  • Solicitar información respecto la noticia de prensa en relación a la eventual iniciativa del presidente Dr. Tabaré Vázquez. De confirmarse la misma, manifestamos nuestro rechazo por entenderla violatoria de los pilares republicanos y laicos, consagrados en la Constitución de la República y todo el orden jurídico.
  • Reivindicar la defensa de las instituciones de nuestra democracia republicana y laica expresadas en los distintos poderes del Estado. Las iniciativas legislativas, la “redacción de leyes, códigos” y “políticas de Estado”, deben ser elaboradas por los órganos que nuestra institucionalidad establece y no por los poderes fácticos que el poder de turno invite.
  • Reivindicar asignaciones presupuestales dignas para la Educación Pública en sus diversos niveles para, de esa forma, salvaguardar a toda la ciudadanía respecto de intereses mezquinos, mercantilistas y expropiadores de derechos.
  • Defender y auspiciar la deliberación ciudadana como herramienta válida para el intercambio de argumentos racionales en la búsqueda del bien común y rechazar enfáticamente la negociación a puertas cerradas con los intereses corporativos segregando así, arbitrariamente, a algunos ciudadanos. Segregar a uno solo ya supondría una injusticia.
  • Llamar a toda la ciudadanía, así como a las organizaciones que creen en la institucionalidad republicana y laica, a asumir su defensa, levantando bien alto la antorcha que nos legara nuestro prócer José Artigas, cuyo legado nos invita a ser buenos ciudadanos: “nada podemos esperar sino de nosotros mismos”.

Adhieren a esta declaración:

AULP (Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores)

AILP (Asociación Internacional de Libre-Pensadores)

Asociación Civil Trazos

Asociación Civil 20 de setiembre

Apostasía Colectiva en Uruguay

AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional)

CEU (Círculo Escéptico Uruguay)

MYSU (Mujer y Salud en Uruguay)

SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)

 

 

Rechazo a las expresiones de Alicia Toyos

Montevideo, mayo de 2015.

Respecto a las declaraciones vertidas en contra de la Laicidad por una importante dirigente
de la Masonería Femenina en el Uruguay el pasado lunes 4 de mayo

Nunca antes en la historia de la humanidad tantas personas han podido gozar de sus derechos, como en el último siglo.

La historia nos enseña que -salvo raras excepciones- la forma habitual y extendida en la que ha vivido la humanidad desde sus albores ha sido en la miseria, en la opresión política y religiosa, acosados por las enfermedades, la pobreza, sin derechos civiles, sin justicia y sin representación en las estructuras de poder. Y esa misma historia nos enseña que solo a través del derramamiento de sangre de miles de mártires que ofrendaron su vida por la libertad, el conocimiento, la verdad, la justicia, la igualdad y la democracia, se logró terminar con los privilegios de los órdenes monárquicos, caudillescos y eclesiásticos, y bajo los fundamentos del Estado de Derecho, lograr una convivencia pacífica, civilizadora y de progreso.

Es hoy en occidente, la región en que pese a la persistencia de desigualdad como en el ingreso, el acceso a la salud, la educación y una alimentación decorosa, y en el campo cultural, el goce de los derechos políticos –entre ellos el derecho a elegir y ser elegido para cargos de gobierno– están mejor garantizados y son referencia y plataforma privilegiada de los avances sociales aún a conquistar. Pero no siempre fue así. Sólo con el derrocamiento de las monarquías absolutas, férreamente apuntaladas por la iglesia católica a través de experiencias como la santa alianza y el advenimiento de los regímenes de derecho y las repúblicas se logró acabar con la inquisición, la censura a la información y al pensamiento, y la persecución por razones ideológicas.

Hoy observamos con horror la realidad que se vive en medio oriente, donde grupos fundamentalistas radicales cometen actos de crueldad inimaginables para nuestra época, donde bajo la promesa de una vida idílica en el cielo, no dudan en asesinar de las formas más sangrientas a quién ose caricaturizar a su dios o profeta, o simplemente no siga los preceptos que su corriente religiosa impone. Justamente los tildamos de bárbaros. Pero muy seguido olvidamos que en los últimos 500 años el catolicismo encomendó a los nativos americanos a la esclavitud y el exterminio por ser considerados menos que humanos, por no saber rezar en un idioma inteligible, olvidamos las cazas de brujas, la hoguera donde perecieron filósofos y científicos, las cruzadas –verdaderos instrumentos de genocidio-, el silencio cómplice de la iglesia católica frente al totalitarismo nazi cuando no la participación activa durante el franquismo y las dictaduras latinoamericanas.

Solo el fortalecimiento de los ideales republicanos, y la separación del Estado de las religiones e ideologías, cuya implementación legal y ética se llama Laicidad, ha permitido la convivencia pacífica en la escuela entre hijos de padres de distintas creencias religiosas –incluido el derecho a no creer en ninguna entidad suprema–.

Y en la vida social, la seguridad de poder gozar de derechos civiles sin restricciones impuestas por dogmas revelados o ideologías que intentan dar sentido y utilidad a la vida de las personas en torno a supuestos fines elevados, casualmente siempre favoreciendo a un partido único cuando no a un gobernante carismático y/o autócrata.

Por todo lo expresado, manifestamos nuestra profunda preocupación por la superlativa ignorancia, el profundo desinterés e incluso hasta un lamentable desprecio que vuelve a constatarse en algunos sectores de la sociedad, por la historia de progreso en nuestra República, y que hoy parecen obviar sacrificando ese rico patrimonio que pertenece al bien común de nuestra sociedad, a no sabemos bien que vil necesidad.

De otra manera no puede entenderse, lo expresado en la noche del lunes 4 de mayo pasado por la así denominada Gran Maestra Ad Vitam de la Gran Logia Femenina del Uruguay, donde textualmente afirmó que “la laicidad cercena la parte espiritual”, manifestando su acuerdo en “enseñar religión en alguna etapa de la educación pública”. Es lamentable que la Sra. Toyos en el mencionado reportaje, haya admitido y aceptado la discriminación de género al reconocer públicamente que la institución a la que pertenece y representa, es una mera colateral de esposas e hijas de masones de otra institución a la que no pueden pertenecer por el mero hecho de ser mujeres.

Pero, es esto lo que nos llama a la reflexión: ¿Cómo es posible que existan masones de la vertiente que fuere, que nieguen el ilustre y desinteresado pasado de tantos librepensadores, muchos de los cuales ostentaban asimismo su condición de masones y que dieron todo luchando por la libertad y el progreso social? Giordano Bruno, Galileo Galilei, José Garibaldi, Ferrer i Guardia, Benito Juárez, Leandro Gómez, Francisco De Miranda, Mariano Moreno, José Artigas, Flora Tristán, Anita Garibaldi, Enrique Jacobsen, José Pedro Varela, Belén de Sárraga, Federico García Lorca, Paulina Luisi, Baltasar Brum, Salvador Allende, por solo nombrar algunos ejemplos.

La República Oriental del Uruguay expresa en su Constitución (art. 5) no profesar religión alguna, teniendo vedada la financiación de ninguna de ellas. Las leyes de educación prohíben el adoctrinamiento religioso e ideológico y velan por la defensa de la Laicidad. No casualmente desde la reforma educativa vareliana no hemos presenciado en nuestro país derramamientos de sangre por razones religiosas.

El Uruguay tuvo sin embargo en sus orígenes fundacionales luchas fratricidas, por razones ideológicas y también enfrentamientos por razones de religión. Recuérdese como triste ejemplo la intransigencia católica de rechazar dar sepultura en los cementerios del Estado que eran administrados por la iglesia católica a Enrique Jacobsen por la razón de pertenecer a la masonería, llevaron a su secularización, produciendo la protesta y posterior exilio autoimpuesto de Jacinto Vera, por esa época cabeza de la iglesia en nuestro país. Siendo la revolución conocida bajo el nombre de Cruzada Libertadora, dirigida por Venancio Flores e instigada por el mismo Vera, la última “guerra santa” que conoció nuestro suelo oriental, la cual triunfante impuso la dictadura de Flores y trajo como consecuencia como pago de favores a quienes apoyaron la invasión, la participación de Uruguay en la Triple Alianza. Cruel consecuencia de esta triste aventura fue participar en el exterminio del 90% de la población masculina paraguaya.

Es la laicidad donde encuentran asilo la tolerancia, el derecho de las minorías, la libertad, la igualdad, la fraternidad. Negar la misma es negar nuestra esencia y carácter, es malvender el diferencial que hemos tenido con la región por intereses y creencias personales, siendo el Uruguay bastión de libertad y progreso, en una América Latina donde lo político e ideológico, donde las afinidades, van por encima de la ley. Sabemos qué ocurre cuando los personalismos se sitúan por encima de la ley, y sabemos qué ocurre cuando se tolera el adoctrinamiento religioso y/o ideológico.

Por todas estas razones alertamos sobre este peligroso antecedente, que implica tirar a la basura 150 años de combates republicanos y laicos en nuestro país, y sumarse -desde un frente inesperado- a la ofensiva clerical contra la laicidad, la cual venimos denunciando hace tiempo su implementación por parte de los sectores confesionales aliados a algunos grupos políticos. Como Librepensadores, nos causa profunda decepción y consternación las afirmaciones vertidas por alguien que se reivindica como dignataria masónica, incluso aunque lo haya hecho a título individual.

Sostenemos que el progreso de una sociedad, en Libertad, en Igualdad, y en Fraternidad solo se da bajo el respeto por el derecho de las minorías, y que el uso de los bienes y rentas públicas solo deben servir al bien común, como lo es la educación pública, y jamás para financiar el proselitismo, sea el mismo religioso o político.

Entendemos que estas son las reglas básicas de convivencia para asegurar una vida en paz y tolerancia, que hemos recibido de nuestros ancestros librepensadores, muchos de ellos también masones, legado al que seguiremos siendo fieles.

Levantamos por lo tanto nuestra voz sin aspiraciones de exclusivismos ni de infalibilidad, llamando a la reflexión serena y profunda para trabajar de forma mancomunada, pero también de forma desinteresada, sin fines proselitistas, sin buscar cuotas de poder, sin intentar imponer al conjunto de la sociedad ni verdades reveladas ni ideologías.

Consejo Directivo de la Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores (AULP)

 

Razón – La idea libre 8

Posted on 30 marzo, 2015 by in Revista

Declaración Aniversario de Varela

Montevideo, 19 de marzo de 2015

 

Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad

 

DECLARACIÓN PÚBLICA

A la ciudadanía toda:

Al cumplirse en el día de hoy el 170 aniversario del nacimiento del pedagogo uruguayo José Pedro Varela (1845 – 1879), las instituciones y organizaciones sociales firmantes, que integran la Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad  así como ciudadanos en general, se reúnen al pie de su monumento en la ciudad de Montevideo, para rendirle homenaje,  a la vez que reivindicar los valores y principios de la educación laica, gratuita y obligatoria –pilares constitutivos de la democracia republicana y laica-, representando en él a todos los ciudadanos y organizaciones que han construido esta forma de convivencia social inclusiva y tolerante, y quienes la defienden a diario con sus acciones.

En estos días en que Uruguay conmemora treinta años del restablecimiento de las instituciones democráticas tras once años de dictadura, reafirmamos junto a Varela en su preclara obra “La educación del pueblo”, escrita en 1874, nuestro compromiso con la democracia republicana, cuyos horizontes –por su propia naturaleza- son perfectibles, mereciendo para ello, la activa participación de todos los ciudadanos, quienes deben asumir conscientemente sus deberes con el conjunto de la sociedad.  Afirmaba en ese sentido, que “para establecer la república, -fortalecer agregaríamos hoy- lo primero es formar los republicanos. Para crear el gobierno del pueblo, lo primero es despertar, llamar a vida activa al pueblo mismo. […] Y todas las necesidades de la democracia, todas las exigencias de la república, sólo tienen un medio posible de realización: educar, siempre educar.” En circunstancias políticas contradictorias, propias de un tiempo de forja, hicieron que la reforma educativa inspirada en estos principios se realizara en el régimen dictatorial del Cnel. Lorenzo Latorre. Varela –no sin las comprensibles críticas de sus contemporáneos- explicaba que a partir de ella, la sociedad uruguaya –formada en ciudadanía- sería capaz de prevenir futuros desbordes autoritarios.

Hoy, la sociedad uruguaya, igual que buena parte de los países del mundo, no es ajena a los problemas de nuestro tiempo: el consumismo alienante, en cuyas mesas de ofertas al ciudadano se le brinda desde las últimas tecnologías hasta las sanaciones mágicas, las desigualdades sociales que traen consigo la frustración, el pragmatismo político que promueve la retirada del Estado en áreas sensibles como la de las políticas sociales, el avance del dogmatismo religioso y otros intereses corporativos, que camuflados en un discurso de supuesta defensa de la libertad y eficiencia de gestión, no hacen otra cosa que ocultar sus verdaderas intenciones: enquistarse en el Estado, para desde esa posición privilegiada y con los recursos financieros de toda la sociedad, servir sus propios intereses y establecer condiciones de dominación sobre todo el cuerpo social y cada uno de los ciudadanos.

Si bien en los últimos tiempos deben reconocerse algunos avances sustanciales en la conquista de derechos sociales, como los de algunos sectores de los trabajadores asalariados, en la universalización de la educación informática en los niveles de primaria y ciclo básico de la enseñanza media, en el área de la salud sexual y reproductiva, en la equidad de género, y el de las diversas orientaciones sexuales, mereciendo en todas ellas, los ajustes convenientes de acuerdo a los estudios técnicos que correspondan, la sociedad presenta algunos graves problemas que llaman al concurso y participación de todos los actores sociales y políticos, y de la ciudadanía en general, sin exclusiones ni favoritismos de ninguna naturaleza, motivados por el peso social que los mismos puedan tener, o por algún otro factor excluyente.

En relación a la laicidad y la libertad de conciencia, al igual que en otras partes del mundo occidental, Uruguay sufre el ataque desembozado por parte los sectores dogmáticos, en particular de las altas jerarquías de la iglesia católica. El bastión republicano y laico de América Latina, que terminó de construirse con la Constitución de 1918, parece ser el rincón del mundo, que el dogmatismo mira con especial predilección, trabajando simultáneamente en diversos frentes. A mediados del año pasado, el jefe del catolicismo uruguayo, arzobispo Daniel Sturla –recientemente elevado a cardenal- propuso la creación de una oficina estatal “de asuntos religiosos”, la cual, según sus propias palabras, se arrogaría el derecho de determinar la validez de los diferentes credos, vulnerándose así, sin mengua, la neutralidad del Estado Laico. Asimismo, también se promueve la institucionalización del llamado “diálogo interreligioso” en el marco del Estado –en consonancia con una propuesta latinoamericana en la materia-, o la “asistencia” a la minoridad infractora, sustituyendo al Estado y retrotrayéndonos a la realidad del siglo XIX, configurando todo ello la invasión y “colonización” del Estado, y “privatización”, por parte de intereses particularistas.

Es sin embargo la educación, el área predilecta de invasión, conscientes los dogmáticos que es a partir de ella que se forjan los ciudadanos.

Varias son las propuestas en esta materia -primitivas o sofisticadas- pero todas apuntan a un mismo norte: atacar y destruir a la educación pública y a la laicidad. Una de ellas, es restaurar la educación religiosa –el catecismo- en la educación pública, o volver a institutos con separación de sexos, como antes de la “escuela vareliana”, según lo manifiestan algunos documentos del catolicismo uruguayo. Sin embargo, la iniciativa que ha tenido más difusión –por ser la operación de marketing de mayor elaboración y quizás por ello la más engañosa en relación a sus fines- es la financiación estatal de la educación privada, en particular la confesional. Se aduce por parte de sus promotores, que la experiencia de algunas instituciones –las señalan específicamente, los liceos Jubilar, Impulso y Providencia- son exitosas tanto por los resultados académicos como sociales, llamándolas incluso, con el engañoso nombre de “liceos públicos de gestión privada” o peor aún, agudizando el grado de la falacia, de “gestión comunitaria”. Éstas, en realidad, son instituciones privadas –pertenecen a la iglesia católica- y no solo por el tipo y la titularidad de sus propietarios, sino por el servicio que prestan. Son instituciones cuyos criterios selectivos, generan limitantes y segregación para un tipo de estudiantes. Exigen, tanto para el ingreso como para la permanencia, elevados niveles de escolaridad, así como el respaldo de un núcleo familiar. Los liceos públicos, por ser expresión de toda la sociedad, reciben a todos los estudiantes; a quienes tienen baja escolaridad y a quienes casi no tienen una familia que los contenga, siendo la institución y el cuerpo docente, quienes frecuentemente cumplen ese rol de empatía, propio de todos los que abrazan la noble y edificante, aunque no siempre reconocida, carrera de la docencia. Por otra parte, estos liceos confesionales se financian a través de “donaciones” de empresas privadas, pero lo que no se dice públicamente, es que las mismas reciben –por realizar tal aporte- exoneraciones tributarias por parte del Estado, constituyendo una financiación estatal indirecta por vía de un decreto gubernamental. Desde hace algunos lustros, pero quizás ahora con más bríos, tanto las jerarquías del catolicismo nacional, como sus voceros, impulsan –ya de manera desembozada- la financiación directa o el subsidio estatal a las instituciones confesionales, que de concretarse, supondría el más feroz y perverso ataque a la educación pública, a la laicidad y al Estado Laico.

Ante este estado de cosas y atropello a la convivencia democrática y republicana, así como a la Educación Pública, la Laicidad y el Estado Laico, las instituciones y organizaciones firmantes que conforman la Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad, Declaran:

  • Reivindicar al Estado Laico, como única garantía de la libertad de expresión, en el que todas las voces se manifiestan en igualdad de condiciones, sin favoritismos hacia una visión del mundo en particular.
  • Rechazar la financiación estatal de la educación privada, sea por vía indirecta como sucede actualmente con la exoneración impositiva que reciben las empresas que realizan “donaciones” a los liceos católicos Jubilar, Impulso y Providencia, o a través del subsidio directo que promueve tanto la iglesia católica uruguaya y algunos actores de la escena política, con recursos que son de toda la sociedad. La misma supondría, asimismo, una privatización “sui generis” de la enseñanza, pues si bien el catolicismo expresa intereses particularistas, también es representado por el Estado Vaticano, lo cual constituiría una injusta y doble afrenta y herida a la República, al Estado Laico, y fundamentalmente,  a todos los ciudadanos que en él somos los depositarios de la soberanía, la que sería avasallada groseramente.
  • Manifestar su preocupación por las iniciativas recientemente planteadas de crear colegios religiosos separando a los estudiantes por sexo, lo que supondría hacer retroceder a la educación a las arcaicas maneras prejuiciosas, religiosas y sexistas de educar, previas a la “escuela vareliana”.
  • Manifestar enfáticamente, la defensa de la Educación Pública y la Laicidad, que sostenida por los pilares de la democracia republicana, promueve los valores de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, la tolerancia, el cultivo de la virtud cívica, el humanismo, el universalismo, y la razón, como única herramienta capaz de fomentar el libre examen, el criterio propio y el libre albedrío. Seamos pues, dignos herederos del ciudadano José Artigas quien desde las profundas raíces de nuestra identidad, nos reclama que seamos “tan ilustrados como valientes”.
  • Defender y profundizar las virtudes de la Educación Pública y la Laicidad, tomando como referencia las instituciones que a nivel nacional e internacional son ejemplo en el objetivo de promover inclusión social, integrando a todos, pero favoreciendo fundamentalmente a los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad, evitando así la exclusión y las prácticas segregacionistas por razones de origen social, de conciencia, de ideas políticas, de identidad de género, u orientaciones sexuales, y combatiendo asimismo, todo intento de impulsar un proyecto que apunte a la fragmentación social.
  • Defender el rol del Estado y bregar por un presupuesto que fortalezca la Educación Pública –en la conciencia de que este factor por sí solo no mejora las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje, siendo necesario implementar acciones que mejoren la gestión administrativa, el estímulo a la labor y la profesionalización docente- en tanto como tal, el Estado debe asumir responsablemente la representación de toda la sociedad. El Estado desertor que se promueve desde algunos sectores de opinión, deja espacios para que fácilmente sea “colonizado” por las corporaciones de toda naturaleza, a la vez que en ese proyecto “privatizador”, la conciencia pasa a ser una mercancía a merced de mercaderes oportunistas, que pretenden vivir del presupuesto estatal.
  • Impulsar en los diferentes niveles del proceso educativo, incluyendo la educación terciaria y de posgrados, el estudio de la Laicidad y la formación en Ciudadanía, en el entendido que constituyen los pilares en los que se asienta la democracia republicana y laica.
  • Reivindicar la deliberación ciudadana como el único espacio aceptable en una democracia republicana y laica que persigue la búsqueda del bien común, y rechazar enfáticamente todo intento de negociación de espacios de poder a puertas cerradas y a espaldas de los ciudadanos, que como soberanos responsables, tienen el deber de asumir su defensa.
  • Llamar a las instituciones organizaciones sociales y sindicales que se identifiquen con la defensa de la educación pública laica, gratuita y obligatoria, a asumir la defensa ante el feroz ataque privatizador y violatorio de la laicidad que en forma planificada están organizando las expresiones oscurantistas, dogmáticas y reaccionarias de la sociedad.
  • Llamar a todos los ciudadanos, más allá de las convicciones que cada quien tenga, y de las fronteras político partidarias, a comprometerse en la defensa de la Educación Pública, la Laicidad, la libertad de conciencia, el Estado Laico, y  los principios y valores republicanos, que son la garantía o dique para que ninguna corporación religiosa –la iglesia católica en particular-, o la que fuere, intente establecer condiciones de dominación hacia otros credos o expresiones particulares de la sociedad, a través de estrategias engañosas de alianzas prometedoras de espacios de poder.

Ciudadanas y ciudadanos todos: el tiempo por venir es de desafíos, compromisos y de esperanza. Por más vientos arremolinados que puedan comprometer el destino del barco, la robustez de nuestra democracia republicana y laica vive en lo profundo del corazón de la mayor parte de nuestra gente. José Pedro Varela nos lo transmitió hace ya bastante tiempo, pero sus palabras resuenan como un eco que atraviesa los tiempos y late vigoroso: “Los que alguna vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela, en la que eran iguales, a la que concurrían usando de un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales, a no reconocer más diferencias que las que resultan de las aptitudes y las virtudes de cada uno: y así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática.”

Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad

Adhieren a esta Declaración:

AULP (Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores)

AILP (Asociación Internacional de Libre-Pensadores)

ATEC – COFE – PIT-CNT (Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura)

Asociación Civil Trazos

Asociación Civil 20 de setiembre

Apostasía Colectiva Uruguay

AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional)

GOFMU (Gran Oriente de la Franc-Masonería del Uruguay)

MYSU (Mujer y Salud Uruguay)

SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)