Montevideo, 3 de junio de 2015

A la ciudadanía:

Las organizaciones que conforman la “Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad”, manifiestan su sorpresa y alarma ante los anuncios de prensa, respecto a que “el Gobierno convoca a iglesias a foro para crear políticas de Estado” (El Observador, 27 de mayo de 2015). La información periodística señala que tras celebrarse el “acuerdo” del Consejo de Ministros del pasado lunes 25 de mayo, “el gobierno convocó a empresarios, sindicatos, universidades públicas y privadas e iglesias, entre otras organizaciones, a un conjunto de foros a realizarse desde octubre…” Los mismos, tendrán “como objetivo elaborar para antes de mediados de 2016[,] un conjunto de documentos que sirvan como guía para redactar leyes, códigos o eventuales políticas de Estado”.

Ante ello, la “Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad” manifiesta su inquietud respecto a la verosimilitud de la noticia, dado que el medio de referencia fue el único que aludió al tema, solicitando al Poder Ejecutivo la aclaración correspondiente.

Sin perjuicio de ello, consideramos que es menester señalar que, de confirmarse esta iniciativa, la misma  supone la institucionalización de los intereses corporativos en el seno del Estado. Implica instaurar la negociación entre diversos grupos o poderes fácticos, escenario en el que las organizaciones invitadas expresamente -asumiendo la representación de toda la ciudadanía- impondrían sus propios intereses, relegando así los de otros grupos, situándose de esta forma como voces privilegiadas y por encima de todos los ciudadanos. Supondría también legitimar las decisiones del Poder Ejecutivo pactando con grupos de poder o asumiendo el rol de Estado desertor desechando, para ello, el diálogo y natural intercambio entre los partidos políticos, implícito en una  democracia republicana y laica pues son ellos los legítimos representantes de la ciudadanía. El poder concebido de esta forma, supone la toma de decisiones dándole la espalda a los ciudadanos de a pie y a los que no tienen voz,  y relegando –expresamente- a los grupos no invitados y a las minorías de diverso orden, echando por tierra la búsqueda del “bien común”, uno de nuestros pilares republicanos fundacionales como nación, que nos viene de los tiempos de José Artigas.

De confirmarse esta noticia, no sería la primera vez que el presidente Tabaré Vázquez  toma la decisión de pactar, a puertas cerradas, con algunos grupos de interés o poderes corporativos, confiscando los derechos de toda la ciudadanía en general y de las minorías en particular. En la anterior Presidencia, la primera visita oficial del Dr. Tabaré Vázquez fue al entonces arzobispo de Montevideo Nicolás Cotugno en la catedral metropolitana, declarando a la prensa, en aquel momento, que vetaría cualquier legislación que intentara legalizar la interrupción del embarazo.

El modelo de concepción del poder y del Estado que se instalaría, de confirmarse la noticia, no haría otra cosa que institucionalizar la metodología del lobby político, rompiendo los pilares de la democracia republicana y laica, y consagrando de hecho, la existencia de ciudadanos de primera y segunda categoría. Algunos poderes fácticos –como voces privilegiadas- asumirían la representación de toda la ciudadanía, sustituyendo así, la legítima representatividad de los partidos políticos.  Este modelo supone también, en lo particular, el apartamiento por parte del Poder Ejecutivo del programa de gobierno propuesto a la ciudadanía en las elecciones parlamentarias de octubre y el posterior ballotage en noviembre pasado que, en ningún tramo del mismo, alude a esta concepción de Estado.

De confirmarse la verosimilitud de esta iniciativa y de prosperar, Uruguay dejará de ser una República Laica. Las organizaciones sociales, igual que los ciudadanos tienen garantizado el derecho a la libertad de expresión y a que se escuchen sus demandas, pero no a sustituir a las instituciones estatales en el diseño de las políticas públicas y en las funciones de gobierno, imponiendo sus preferencias a toda la sociedad. Un modelo así concebido trae consigo  las tercerizaciones, las privatizaciones encubiertas, el subsidio estatal a la educación privada -en particular la confesional, dejando la conciencia de los ciudadanos, en particular la de los más vulnerables, en manos de quienes nunca se resignaron a la separación de la iglesia católica del Estado- entre otras cosas.

Por todo lo expuesto, las asociaciones firmantes,  integrantes de la “Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad”, declaran:

• Solicitar información respecto la noticia de prensa en relación a la eventual iniciativa del presidente Dr. Tabaré Vázquez. De confirmarse la misma, manifestamos nuestro rechazo por entenderla violatoria de los pilares republicanos y laicos, consagrados en la Constitución de la República y todo el orden jurídico.
• Reivindicar la defensa de las instituciones de nuestra democracia republicana y laica expresadas en los distintos poderes del Estado. Las iniciativas legislativas, la “redacción de leyes, códigos” y “políticas de Estado”, deben ser elaboradas por los órganos que nuestra institucionalidad establece y no por los poderes fácticos que el poder de turno invite.
• Reivindicar asignaciones presupuestales dignas para la Educación Pública en sus diversos niveles para, de esa forma, salvaguardar a toda la ciudadanía respecto de intereses mezquinos, mercantilistas y expropiadores de derechos.
• Defender y auspiciar la deliberación ciudadana como herramienta válida para el intercambio de argumentos racionales en la búsqueda del bien común y rechazar enfáticamente la negociación a puertas cerradas con los intereses corporativos segregando así, arbitrariamente, a algunos ciudadanos. Segregar a uno solo ya supondría una injusticia.
• Llamar a toda la ciudadanía, así como a las organizaciones que creen en la institucionalidad republicana y laica, a asumir su defensa, levantando bien alto la antorcha que nos legara nuestro prócer José Artigas, cuyo legado nos invita a ser buenos ciudadanos: “nada podemos esperar sino de nosotros mismos”.

Adhieren a esta declaración:

AULP (Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores)

AILP (Asociación Internacional de Libre-Pensadores)

Asociación Civil Trazos

Asociación Civil 20 de setiembre

Apostasía Colectiva en Uruguay

AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional)

CEU (Círculo Escéptico Uruguay)

MYSU (Mujer y Salud en Uruguay)

SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)