El pasado 2 de marzo, un día después de haber asumido el mando, el Presidente de la República Luis Alberto Lacalle Pou participó de una ceremonia religiosa en catedral de Montevideo convocada por la Conferencia Episcopal del Uruguay (Iglesia Católica) y otras cinco organizaciones religiosas. En la ceremonia presidida por el cardenal Daniel Sturla, también participaron el Secretario de Presidencia Álvaro Delgado y el Pro Secretario Rodrigo Ferrés. Asimismo, el presidente Lacalle Pou fue acompañado en delegación oficial por algunos ministros del gabinete, entre ellos, Jorge Larrañaga (Interior), Azucena Arbeleche (Economía y Finanzas), Javier García (Defensa Nacional), Pablo Bartol (Desarrollo Social), Luis Alberto Heber (Transporte y Obras Públicas), Carlos María Uriarte (Ganadería Agricultura y Pesca) y Pablo Mieres (Trabajo y Seguridad Social).

De acuerdo a la normativa jurídica uruguaya, el presidente Lacalle Pou es el jefe de Estado, tal como lo establece el art. 159 de la Constitución de la República: “El Presidente de la República tendrá la representación del Estado en el interior y en el exterior.” Ello implica que, por su investidura, ejerce la representatividad del Estado en todo lugar, hora y circunstancia, por el período por el que fue electo por la ciudadanía, sin interrupciones, salvo las previstas por vacancia temporal, de acuerdo a lo que señalan las normas. En opinión del reconocido y destacado catedrático constitucionalista Dr. Horacio Casinelli Muñoz –ya fallecido- los derechos y obligaciones y representatividad del Presidente de la República, sólo caducan cuando abandona el poder en forma definitiva, pues incluso encontrándose en el exterior del país, continúa siendo el jefe de Estado. Por lo tanto, de acuerdo a ello, el Presidente de la República debe ajustarse a lo que prescribe el art. 5º de la Constitución de la República, vigente desde 1919, y que simultáneamente consagra la libertad de cultos y el Estado Laico: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna.”

Los ataques a la laicidad del Estado e intentos de colonizarlo, por parte de algunas organizaciones religiosas, y en particular por parte de la Iglesia Católica han sido constantes en las últimas décadas, cabiéndole gran responsabilidad a las dirigencias de los partidos políticos –aunque en todos ellos existen dirigentes, militantes, y ciudadanía del llano defensora de la laicidad- y a las administraciones o gobiernos nacionales y departamentales, que han banalizado y contribuido a tergiversar el concepto de laicidad.

En este sentido, la realización de una misa católica promovida por el presidente José Mujica en diciembre del año 2012, de la cual también participó, a los efectos de rezar por la salud del presidente venezolano Hugo Chávez, constituyó una grave transgresión a las fronteras del Estado Laico.

Sin embargo, la ceremonia religiosa del pasado 2 de marzo, organizada específicamente para conmemorar la asunción de un nuevo gobierno, con la participación del Presidente de la República, es de una gravedad inusitada en nuestra vida institucional, siendo la primera vez en cien años de vigencia del principio constitucional que consagra el Estado Laico, que se realiza con esa finalidad específica, rememorando los Te Deum del siglo XIX, según lo ha reconocido el cardenal Daniel Sturla en declaraciones de prensa. El Presidente de la República –como “representante” o jefe de Estado- ha derribado las fronteras de la Laicidad del Estado y abre paso a las confrontaciones, disputas de poder y de espacios en la órbita estatal –incluyendo presupuesto estatal, visto como botín de piratería-, de las diferentes congregaciones religiosas y corporaciones.

Un elemento probatorio más de la violación a la laicidad del Estado –aunque de no haber existido, la misma también se habría configurado
– es la publicación de la ceremonia religiosa en la página web de Presidencia de la República, incluyendo numerosas fotos del acontecimiento, así como también cuentas oficiales de las redes sociales Facebook y Twitter. Asimismo, la Iglesia Católica hizo alarde del hecho, resaltando la participación del presidente Lacalle Pou y parte de su elenco de gobierno, a través de sus medios de comunicación.

Ante este hecho, la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores (AULP) y la Asociación Civil 20 de Setiembre, integrantes de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento (AILP),

DECLARAN:

1. Denunciar la violación a la Laicidad del Estado por parte del Presidente de la República Luis Lacalle Pou, al participar en la ceremonia religiosa del 2 de marzo de 2020. En su calidad de jefe o representante del Estado (art. 159 de la Constitución de la República), cuyas atribuciones, funciones y obligaciones mantiene durante todo el período de su investidura, violó el art. 5º de la Carta Magna que señala: “El Estado no sostiene religión alguna.”
2. Afirmar que los conceptos de laicidad y laicismo están íntimamente relacionados. El primero es el principio que establece la separación de las concepciones religiosas del Estado, y en consecuencia, es el espacio de la sociedad civil en el que creyentes y no creyentes pueden expresarse libremente en igualdad de condiciones. En tanto el laicismo es la doctrina que le da sustento a la laicidad.
3. Rechazar las tesis de la Iglesia Católica de la llamada “laicidad positiva” o “inclusiva”, así como el señalamiento que realiza de una aparente contradicción entre laicidad y laicismo, por constituir una tergiversación de los conceptos, con la finalidad de destruir y avasallar a la laicidad, estableciendo condiciones de dominación.
4. Advertir a la ciudadanía acerca de la estrategia colonizadora de la Iglesia Católica, que en abierta competencia con otras expresiones religiosas que han crecido en las últimas décadas, entre ellas las iglesias pentecostales y sus vínculos con el poder en varios países latinoamericanos y también en Uruguay, u otras relacionadas con la cultura new age, busca recuperar y ganar espacios de poder, que incluye el reclamo de mayores transferencias directas o indirectas del presupuesto estatal; más allá de lo religioso, este asunto también “es por plata”. 
5. Advertir a las diversas organizaciones religiosas acerca de la mencionada estrategia colonizadora de la Iglesia Católica, que elige a solo a algunos interlocutores para legitimar sus objetivos y simultáneamente, segregar a aquellas organizaciones que no le son convenientes a sus fines. Hay que recordar que al poco tiempo de asumir como arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla propuso la creación de una “Oficina de Asuntos Religiosos”, según él, con la potestad de determinar cuáles son los cultos válidos, violentando grosera e impúdicamente la libertad de cultos consagrada en la Constitución de la República, rememorando el tristemente célebre Tribunal de la Inquisición.
6. Advertir a la ciudadanía, que los ataques a la laicidad y las grietas que se le intentan hacer al Estado Laico, son en definitiva, golpes a la convivencia pacífica, tolerante y armoniosa entre los integrantes de la sociedad. Las violaciones a la laicidad traen como consecuencia la instauración de un grupo de personas que ostentan privilegios –los que forman parte del festín y del reparto del presupuesto estatal- y de otros sectores de la sociedad que son segregados. Derribar los muros del Estado Laico supone clasificar a la ciudadanía en categorías A, B, o C, de triste memoria en la historia reciente de Uruguay y la región, estableciendo condiciones de dominación, y de segregación y vulneración de derechos, sea por razones sociales, religiosas o sexuales.
7. Llamar a responsabilidad a la dirigencia de los partidos políticos y organizaciones sociales -en tanto que representantes del cuerpo social y político de nuestro país- para que asuman la defensa de la laicidad y el Estado Laico, como el medio institucional que garantiza los derechos de toda la ciudadanía.
8. Llamar a toda la ciudadanía a la defensa activa de la laicidad y el Estado Laico, pues es la institucionalidad republicana y laica la que brinda todas las garantías para la convivencia pacífica y armoniosa, evitando las imposiciones, los  “supremacismos” y la segregación. Las instituciones republicanas y laicas le permite a la sociedad encontrar caminos para la búsqueda del bien común.

Asociación Uruguaya de Libre Pensadores; Asociación Civil 20 de Setiembre; Asociación Internacional de Libre Pensamiento.

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