DECLARACIÓN PÚBLICA
Asociación Civil 20 de Setiembre
Asociación Uruguaya de Libre Pensadores (AULP)
Asociación Civil Trazos
Asociación Internacional del Libre Pensamiento (AILP)
Montevideo, 9 de diciembre de 2021
A la ciudadanía:
Hoy se celebra el Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, conmemorando la aprobación de la ley del 9 de diciembre de 1905 que consagra el Estado Laico en Francia, de acuerdo a lo dispuesto por la ONU, coincidiendo el día con la aprobación de la Constitución de 1931 de la Segunda República Española, que establecía el mismo principio.
En varios países latinoamericanos la consagración de la Laicidad del Estado se fraguó en el mismo tiempo histórico y en Uruguay específicamente, se estableció en la Constitución plebiscitada en 1918 y que entró en vigencia en 1919, luego de un arduo proceso de construcción secularizadora. El texto constitucional uruguayo consagra simultáneamente la libertad de cultos y la laicidad del Estado, es decir que las personas y las diferentes concepciones tienen garantizada la libre expresión y manifestación de sus ideas, pero el Estado se abstiene de intervenir o interferir en las convicciones de la ciudadanía. El art. 5º de la Constitución de la República es muy claro y preciso: “Todos los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión alguna.”
La actual coyuntura económica, social, cultural y política, queda de manifiesto la necesidad de consolidar la institucionalidad laica en los países que existe y promover su construcción en aquellas sociedades que aún no la han alcanzado. Este aspecto es clave para poner a las sociedades a resguardo del oportunismo dogmático y populista. Sin embargo, es más importante aún, que la ciudadanía asuma al laicismo como la concepción que garantiza el pleno goce de los derechos de todas las personas, sin favoritismos de ninguna naturaleza, pues en el libre intercambio y en igualdad de condiciones de las diferentes expresiones de la ciudadanía, es posible la convivencia armoniosa y sin condiciones de dominación. El Estado no debe ser en ningún caso un espacio para la competencia ni un botín – simbólico y en recursos financieros – a repartir entre las diferentes concepciones, sino la expresión del “bien común” de la sociedad.
En este marco, la Asociación Civil 20 de Setiembre, la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores, la Asociación Civil Trazos, integrantes de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento,
Declaran:
- Reafirmar la necesidad de consolidar la institucionalidad democrática, republicana y laica, en el entendido que ella brinda las herramientas para la construcción de ciudadanía, creándose así condiciones para lograr conquistas relacionadas con la emancipación humana y el compromiso consciente de su defensa.
- Mantenerse alertas ante los intentos oportunistas y demagógicos de algunas concepciones religiosas que a través de diferentes mecanismos, buscan colonizar el Estado, estableciendo de esa forma condiciones de dominación y privilegio, y simultáneamente de segregación hacia otras expresiones de la sociedad que son expresamente excluidas.
- Denunciar la reiterada violación a la Laicidad del Estado – en sus instalaciones específicas y en el espacio público – instalando simbología de carácter religioso, utilizándose los recursos financieros públicos – que son de toda la sociedad- para promover a algunas concepciones y simultáneamente segregar a otras, aprovechando la oportunidad de la celebración de las tradicionales fiestas de fin de año. Esta flagrante violación a la laicidad y vulneración de derechos de la ciudadanía no contemplada en esa representación simbólica, es protagonizada por numerosos organismos estatales, varios gobiernos departamentales y locales o municipales.
- Manifestar la preocupación y denunciar los reiterados ataques a la laicidad del Estado por parte de algunos representantes políticos. Como ejemplo de ello, cabe citar algunas intervenciones parlamentarias como las del senador Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) promoviendo discursos de proselitismo religioso, o el diputado Rodrigo Goñi (Partido Nacional), interponiendo argumentos religiosos en su oposición al proyecto de eutanasia. Ambos legisladores tienen derecho – naturalmente – a expresar sus concepciones, pero sin olvidar que sus obligaciones están señaladas en la promesa de toma posesión del cargo que expresamente preceptúan que un legislador debe “obrar en todo conforme a la Constitución de la República”. Preocupan también los ataques a la laicidad del Estado del intendente de Salto Andrés Lima (Frente Amplio), el de Rivera Richard Sander (Partido Colorado), o la intendenta de San José Ana María Bentaberri (Partido Nacional), promoviendo celebraciones religiosas en el departamento, violentando groseramente el art. 5º de la Constitución de la República que establece que “El Estado no sostiene religión alguna.”
- Llamar al sistema político, a los partidos y a los militantes de los mismos, a responsabilidad en la defensa de la institucionalidad republicana y laica. La actual situación se debe, en parte, a la banalización del problema y a la falta de compromiso de las dirigencias partidarias en defensa de estos principios.
- Apoyar calurosa y enfáticamente proyectos legislativos que promuevan el libre albedrío y la libertad de conciencia. En particular, las asociaciones firmantes se comprometen a contribuir a la sana deliberación ciudadana que culmine con la aprobación de dos proyectos en particular. El de eutanasia o muerte digna, en el entendido que es un derecho humano fundamental que dignifica la vida, y el promovido en el departamento de Montevideo, que prohíbe la instalación de monumentos religiosos de carácter permanente, con vigencia a partir de que la norma sea aprobada, preservando el espacio público para el goce de toda la ciudadanía, sin favoritismos ni segregaciones arbitrarias. Ambos proyectos constituyen una reafirmación de la más rica tradición republicana y laica del Uruguay.
- Reafirmar el compromiso en la defensa de la educación pública laica y de calidad, y promoviendo que el Estado no financie a las instituciones educativas privadas, sea en forma directa o indirecta a través de mecanismos de exoneraciones tributarias o de “renuncia fiscal”.
- Llamar a la ciudadanía a asumir el compromiso en la defensa de la institucionalidad laica, pues solo ella es la verdadera depositaria de la soberanía y por lo tanto, del control de las instituciones.
- Reafirmar el compromiso de las asociaciones firmantes de mantener en alto la antorcha de la defensa de estos principios, que son garantía de armonía, fraternidad, paz social y convivencia democrática y tolerante.
