Montevideo, 19 de marzo de 2015

Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad

DECLARACIÓN PÚBLICA

A la ciudadanía toda:

Al cumplirse en el día de hoy el 170 aniversario del nacimiento del pedagogo uruguayo José Pedro Varela (1845 – 1879), las instituciones y organizaciones sociales firmantes, que integran la Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad  así como ciudadanos en general, se reúnen al pie de su monumento en la ciudad de Montevideo, para rendirle homenaje,  a la vez que reivindicar los valores y principios de la educación laica, gratuita y obligatoria –pilares constitutivos de la democracia republicana y laica-, representando en él a todos los ciudadanos y organizaciones que han construido esta forma de convivencia social inclusiva y tolerante, y quienes la defienden a diario con sus acciones.

En estos días en que Uruguay conmemora treinta años del restablecimiento de las instituciones democráticas tras once años de dictadura, reafirmamos junto a Varela en su preclara obra “La educación del pueblo”, escrita en 1874, nuestro compromiso con la democracia republicana, cuyos horizontes –por su propia naturaleza- son perfectibles, mereciendo para ello, la activa participación de todos los ciudadanos, quienes deben asumir conscientemente sus deberes con el conjunto de la sociedad.  Afirmaba en ese sentido, que “para establecer la república, -fortalecer agregaríamos hoy- lo primero es formar los republicanos. Para crear el gobierno del pueblo, lo primero es despertar, llamar a vida activa al pueblo mismo. […] Y todas las necesidades de la democracia, todas las exigencias de la república, sólo tienen un medio posible de realización: educar, siempre educar.” En circunstancias políticas contradictorias, propias de un tiempo de forja, hicieron que la reforma educativa inspirada en estos principios se realizara en el régimen dictatorial del Cnel. Lorenzo Latorre. Varela –no sin las comprensibles críticas de sus contemporáneos- explicaba que a partir de ella, la sociedad uruguaya –formada en ciudadanía- sería capaz de prevenir futuros desbordes autoritarios.

Hoy, la sociedad uruguaya, igual que buena parte de los países del mundo, no es ajena a los problemas de nuestro tiempo: el consumismo alienante, en cuyas mesas de ofertas al ciudadano se le brinda desde las últimas tecnologías hasta las sanaciones mágicas, las desigualdades sociales que traen consigo la frustración, el pragmatismo político que promueve la retirada del Estado en áreas sensibles como la de las políticas sociales, el avance del dogmatismo religioso y otros intereses corporativos, que camuflados en un discurso de supuesta defensa de la libertad y eficiencia de gestión, no hacen otra cosa que ocultar sus verdaderas intenciones: enquistarse en el Estado, para desde esa posición privilegiada y con los recursos financieros de toda la sociedad, servir sus propios intereses y establecer condiciones de dominación sobre todo el cuerpo social y cada uno de los ciudadanos.

Si bien en los últimos tiempos deben reconocerse algunos avances sustanciales en la conquista de derechos sociales, como los de algunos sectores de los trabajadores asalariados, en la universalización de la educación informática en los niveles de primaria y ciclo básico de la enseñanza media, en el área de la salud sexual y reproductiva, en la equidad de género, y el de las diversas orientaciones sexuales, mereciendo en todas ellas, los ajustes convenientes de acuerdo a los estudios técnicos que correspondan, la sociedad presenta algunos graves problemas que llaman al concurso y participación de todos los actores sociales y políticos, y de la ciudadanía en general, sin exclusiones ni favoritismos de ninguna naturaleza, motivados por el peso social que los mismos puedan tener, o por algún otro factor excluyente.

En relación a la laicidad y la libertad de conciencia, al igual que en otras partes del mundo occidental, Uruguay sufre el ataque desembozado por parte los sectores dogmáticos, en particular de las altas jerarquías de la iglesia católica. El bastión republicano y laico de América Latina, que terminó de construirse con la Constitución de 1918, parece ser el rincón del mundo, que el dogmatismo mira con especial predilección, trabajando simultáneamente en diversos frentes. A mediados del año pasado, el jefe del catolicismo uruguayo, arzobispo Daniel Sturla –recientemente elevado a cardenal- propuso la creación de una oficina estatal “de asuntos religiosos”, la cual, según sus propias palabras, se arrogaría el derecho de determinar la validez de los diferentes credos, vulnerándose así, sin mengua, la neutralidad del Estado Laico. Asimismo, también se promueve la institucionalización del llamado “diálogo interreligioso” en el marco del Estado –en consonancia con una propuesta latinoamericana en la materia-, o la “asistencia” a la minoridad infractora, sustituyendo al Estado y retrotrayéndonos a la realidad del siglo XIX, configurando todo ello la invasión y “colonización” del Estado, y “privatización”, por parte de intereses particularistas.

Es sin embargo la educación, el área predilecta de invasión, conscientes los dogmáticos que es a partir de ella que se forjan los ciudadanos.

Varias son las propuestas en esta materia -primitivas o sofisticadas- pero todas apuntan a un mismo norte: atacar y destruir a la educación pública y a la laicidad. Una de ellas, es restaurar la educación religiosa –el catecismo- en la educación pública, o volver a institutos con separación de sexos, como antes de la “escuela vareliana”, según lo manifiestan algunos documentos del catolicismo uruguayo. Sin embargo, la iniciativa que ha tenido más difusión –por ser la operación de marketing de mayor elaboración y quizás por ello la más engañosa en relación a sus fines- es la financiación estatal de la educación privada, en particular la confesional. Se aduce por parte de sus promotores, que la experiencia de algunas instituciones –las señalan específicamente, los liceos Jubilar, Impulso y Providencia- son exitosas tanto por los resultados académicos como sociales, llamándolas incluso, con el engañoso nombre de “liceos públicos de gestión privada” o peor aún, agudizando el grado de la falacia, de “gestión comunitaria”. Éstas, en realidad, son instituciones privadas –pertenecen a la iglesia católica- y no solo por el tipo y la titularidad de sus propietarios, sino por el servicio que prestan. Son instituciones cuyos criterios selectivos, generan limitantes y segregación para un tipo de estudiantes. Exigen, tanto para el ingreso como para la permanencia, elevados niveles de escolaridad, así como el respaldo de un núcleo familiar. Los liceos públicos, por ser expresión de toda la sociedad, reciben a todos los estudiantes; a quienes tienen baja escolaridad y a quienes casi no tienen una familia que los contenga, siendo la institución y el cuerpo docente, quienes frecuentemente cumplen ese rol de empatía, propio de todos los que abrazan la noble y edificante, aunque no siempre reconocida, carrera de la docencia. Por otra parte, estos liceos confesionales se financian a través de “donaciones” de empresas privadas, pero lo que no se dice públicamente, es que las mismas reciben –por realizar tal aporte- exoneraciones tributarias por parte del Estado, constituyendo una financiación estatal indirecta por vía de un decreto gubernamental. Desde hace algunos lustros, pero quizás ahora con más bríos, tanto las jerarquías del catolicismo nacional, como sus voceros, impulsan –ya de manera desembozada- la financiación directa o el subsidio estatal a las instituciones confesionales, que de concretarse, supondría el más feroz y perverso ataque a la educación pública, a la laicidad y al Estado Laico.

Ante este estado de cosas y atropello a la convivencia democrática y republicana, así como a la Educación Pública, la Laicidad y el Estado Laico, las instituciones y organizaciones firmantes que conforman la Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad, Declaran:

• Reivindicar al Estado Laico, como única garantía de la libertad de expresión, en el que todas las voces se manifiestan en igualdad de condiciones, sin favoritismos hacia una visión del mundo en particular.
• Rechazar la financiación estatal de la educación privada, sea por vía indirecta como sucede actualmente con la exoneración impositiva que reciben las empresas que realizan “donaciones” a los liceos católicos Jubilar, Impulso y Providencia, o a través del subsidio directo que promueve tanto la iglesia católica uruguaya y algunos actores de la escena política, con recursos que son de toda la sociedad. La misma supondría, asimismo, una privatización “sui generis” de la enseñanza, pues si bien el catolicismo expresa intereses particularistas, también es representado por el Estado Vaticano, lo cual constituiría una injusta y doble afrenta y herida a la República, al Estado Laico, y fundamentalmente,  a todos los ciudadanos que en él somos los depositarios de la soberanía, la que sería avasallada groseramente.
• Manifestar su preocupación por las iniciativas recientemente planteadas de crear colegios religiosos separando a los estudiantes por sexo, lo que supondría hacer retroceder a la educación a las arcaicas maneras prejuiciosas, religiosas y sexistas de educar, previas a la “escuela vareliana”.
• Manifestar enfáticamente, la defensa de la Educación Pública y la Laicidad, que sostenida por los pilares de la democracia republicana, promueve los valores de la libertad, la igualdad, la fraternidad, la solidaridad, la tolerancia, el cultivo de la virtud cívica, el humanismo, el universalismo, y la razón, como única herramienta capaz de fomentar el libre examen, el criterio propio y el libre albedrío. Seamos pues, dignos herederos del ciudadano José Artigas quien desde las profundas raíces de nuestra identidad, nos reclama que seamos “tan ilustrados como valientes”.
• Defender y profundizar las virtudes de la Educación Pública y la Laicidad, tomando como referencia las instituciones que a nivel nacional e internacional son ejemplo en el objetivo de promover inclusión social, integrando a todos, pero favoreciendo fundamentalmente a los sectores más débiles y vulnerables de la sociedad, evitando así la exclusión y las prácticas segregacionistas por razones de origen social, de conciencia, de ideas políticas, de identidad de género, u orientaciones sexuales, y combatiendo asimismo, todo intento de impulsar un proyecto que apunte a la fragmentación social.
• Defender el rol del Estado y bregar por un presupuesto que fortalezca la Educación Pública –en la conciencia de que este factor por sí solo no mejora las condiciones del proceso enseñanza-aprendizaje, siendo necesario implementar acciones que mejoren la gestión administrativa, el estímulo a la labor y la profesionalización docente- en tanto como tal, el Estado debe asumir responsablemente la representación de toda la sociedad. El Estado desertor que se promueve desde algunos sectores de opinión, deja espacios para que fácilmente sea “colonizado” por las corporaciones de toda naturaleza, a la vez que en ese proyecto “privatizador”, la conciencia pasa a ser una mercancía a merced de mercaderes oportunistas, que pretenden vivir del presupuesto estatal.
• Impulsar en los diferentes niveles del proceso educativo, incluyendo la educación terciaria y de posgrados, el estudio de la Laicidad y la formación en Ciudadanía, en el entendido que constituyen los pilares en los que se asienta la democracia republicana y laica.
• Reivindicar la deliberación ciudadana como el único espacio aceptable en una democracia republicana y laica que persigue la búsqueda del bien común, y rechazar enfáticamente todo intento de negociación de espacios de poder a puertas cerradas y a espaldas de los ciudadanos, que como soberanos responsables, tienen el deber de asumir su defensa.
• Llamar a las instituciones organizaciones sociales y sindicales que se identifiquen con la defensa de la educación pública laica, gratuita y obligatoria, a asumir la defensa ante el feroz ataque privatizador y violatorio de la laicidad que en forma planificada están organizando las expresiones oscurantistas, dogmáticas y reaccionarias de la sociedad.
• Llamar a todos los ciudadanos, más allá de las convicciones que cada quien tenga, y de las fronteras político partidarias, a comprometerse en la defensa de la Educación Pública, la Laicidad, la libertad de conciencia, el Estado Laico, y  los principios y valores republicanos, que son la garantía o dique para que ninguna corporación religiosa –la iglesia católica en particular-, o la que fuere, intente establecer condiciones de dominación hacia otros credos o expresiones particulares de la sociedad, a través de estrategias engañosas de alianzas prometedoras de espacios de poder.

Ciudadanas y ciudadanos todos: el tiempo por venir es de desafíos, compromisos y de esperanza. Por más vientos arremolinados que puedan comprometer el destino del barco, la robustez de nuestra democracia republicana y laica vive en lo profundo del corazón de la mayor parte de nuestra gente. José Pedro Varela nos lo transmitió hace ya bastante tiempo, pero sus palabras resuenan como un eco que atraviesa los tiempos y late vigoroso: “Los que alguna vez se han encontrado juntos en los bancos de una escuela, en la que eran iguales, a la que concurrían usando de un mismo derecho, se acostumbran fácilmente a considerarse iguales, a no reconocer más diferencias que las que resultan de las aptitudes y las virtudes de cada uno: y así, la escuela gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática.”

Coordinación Ciudadana en Defensa de la Educación Pública y la Laicidad

Adhieren a esta Declaración:

AULP (Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores)

AILP (Asociación Internacional de Libre-Pensadores)

ATEC – COFE – PIT-CNT (Asociación de Trabajadores de Educación y Cultura)

Asociación Civil Trazos

Asociación Civil 20 de setiembre

Apostasía Colectiva Uruguay

AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional)

GOFMU (Gran Oriente de la Franc-Masonería del Uruguay)

MYSU (Mujer y Salud Uruguay)

SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)