La Educación es el factor social que mejor define a una sociedad. De su calidad, la capacidad de integración social que tenga, y las posibilidades de autodeterminación de las personas que promueva, depende buena parte de la calidad y profundidad de la democracia.

En función de estos principios generales, las organizaciones sociales firmantes manifiestan:

1-Afirmar su apoyo a la Educación Pública como pilar de la integración social, el desarrollo del pensamiento crítico y la emancipación de las personas.

2- Saludar y apoyar la iniciativa surgida en el Parlamento de derogar las exoneraciones fiscales a las “donaciones” realizada por privados a las Universidades privadas. Entendemos el tratamiento de esta propuesta  como uno de los asuntos más urgentes, pues contribuye a la transparencia institucional.La legislación vigente otorga a los donantes privados  la posibilidad  de exonerar el 83 % de su contribución al Estado (renuncia fiscal) por lo que,  en realidad, es el Estado el que fundamentalmente realiza la donación.

3-Rechazo a la renuncia fiscal señalada porque el Estado –representante de toda la sociedad- sólo debe sostener y financiar instituciones educativas públicas. Ese instrumento tributario,en esta materia, implica una vulneración a la legitimidad de las instituciones republicanas, en tanto que son las autoridades legítimamente constituidas las que deben decidir respecto a la asignación de recursos y no la voluntad privada, que persigue intereses particulares. Si una empresa privada tiene verdadera voluntad de colaborar no necesita del apoyo del Estado para cumplir sus propósitos.

4- Promover todas las propuestas tendientes al fortalecimiento de la Educación Pública y,en consecuencia, rechazar aquellas que promueven la fragmentación y la segregación social.

5- Alentar la iniciativa para derogar la normativa de la renuncia fiscal que comprende a las instituciones educativas de los niveles primario y medio, muchas de cuyas instituciones practican la selección de sus alumnos en función de la composición familiar y la escolaridad, segregando de esa forma, a los jóvenes más vulnerables.

6- Defender la Laicidad en el Estado, sintetizada en el Art. 5º de la Constitución de la República, que en el párrafo relativo al tema,señala: “El Estado no sostiene religión alguna.” Ello implica que no ostenta, no auspicia y no financia religión alguna. Muchas de las instituciones privadas de referencia pertenecen a cultos religiosos y, por esta vía, el Estado las está sosteniendo financieramente. En este caso la renuncia fiscal implica la renuncia del Estado a la formación en ciudadanía y en valores y, a la vez, entregar la conciencia de los ciudadanos a intereses particulares.

7- Auspiciar el debate y la participación en la búsqueda de una Educación de calidad que permita la integración e inserción de los sectores que han quedado al margen de la sociedad, el desarrollo de los centros educativos en todo el país y en los tres niveles: primario, medio y superior apostando,asimismo, a la innovación, mejora en la gestión administrativa y de los recursos financieros. Ello sin que implique subordinación a políticas tributarias, con disposiciones frecuentemente escondidas y que sortean el debate ciudadano.

Supone en consecuencia, fortalecer los pilares constitutivos de la Educación Pública uruguaya: laicidad, gratuidad y obligatoriedad y asegurar,así, mejores posibilidades para la integración y la paz social.

Adhieren:
Apostasía Colectiva Uruguay
Asociación Civil Trazos
Asociación Civil 20 de Setiembre
AILP (Asociación Internacional del Libre Pensamiento)
AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores)
AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional
Círculo Escéptico Uruguay
Club Teresita Garibaldi
MySU (Mujer y Salud en Uruguay)
SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)

Montevideo, 23 de mayo de 2016

A la ciudadanía toda:

El pasado 18 de mayo, en ocasión de conmemorarse el aniversario del Ejército Nacional, un grupo de oficiales de las Fuerzas Armadas, encabezado por los comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea, Gral. Guido Manini Ríos y Brig. Gral. Alberto Zanelli respectivamente, participaron de una misa celebrada en la Catedral de Metropolitana, presidida por el arzobispo Daniel Sturla.

Como factores agravantes, para la convocatoria las jerarquías militares utilizaron los sistemas institucionales de mensajería, los militares concurrieron a la ceremonia con sus uniformes –muchos ellos de gala- y el general Manini Ríos hizo uso de la palabra en dicho acto religioso, entregando un obsequio al cardenal Sturla “en nombre Ejército Nacional”.

Ante un nuevo atropello a la laicidad y a las Instituciones republicanas, las organizaciones firmantes, declaran:

1-  Su preocupación y firme rechazo ante éste y otros hechos violatorios de la normativa e   institucionalidad republicana y laica.

La Constitución de la República es clara al respecto: “El Estado no sostiene religión alguna”      (art. 5º). El mismo artículo garantiza la libertad de cultos, pero los funcionarios públicos –y entre ellos los militares, particularmente- no pueden hacer proselitismo a favor de un credo ni manifestar sus preferencias en el desempeño de su actividad (Art 58). Entre los mismos, existen ciudadanos que profesan diferentes credos o quienes no profesan ninguno. A todos ellos el Estado Laico les garantiza igualdad de condiciones.

2-  Solicitar explicaciones y llamar a responsabilidad al Ministro de Defensa Nacional señor Eleuterio Fernández Huidobro, ante este nuevo atropello a la laicidad y el Estado Laico.

3-  Exigir la dimisión, o en su defecto, la remoción de los comandantes en jefe del Ejército y la Fuerza Aérea, Guido Manini Ríos y Alberto Zanelli, por apartarse del orden jurídico, tal y como sucediera previamente con otras autoridades por hechos menos graves y notorios. En la ceremonia señalada, Manini Ríos –en representación del Estado uruguayo- manifestó su agradecimiento a Sturla “por haber presidido la Santa Misa, por sus palabras esclarecedoras durante la homilía, por la paz que lleva a cada uno de nosotros” (página web de la Arquidiócesis de Montevideo, 20 de mayo). La permanencia de estas jerarquías mancha el nombre de las FFAA y el buen nombre de los militares institucionalistas y respetuosos del Estado Laico.

4-  Exigir el respeto a la institucionalidad republicana y laica del Estado uruguayo, por ser la garantía para que todas las expresiones religiosas estén en igualdad de condiciones. El Estado Laico no debe ser un espacio de competencia entre corporaciones y grupos de poder.

5-  Condenar lo expresado en la ceremonia referida respecto a la función de los militares católicos, calificándolos como “soldados de Cristo” (Arquidiócesis de Montevideo, 20 de mayo), olvidándose que la única obediencia que tienen los militares es ante la Constitución de la República, constituyendo ello una provocación.

6-  Llamar a la ciudadanía a custodiar y defender al Estado Laico y las instituciones republicanas, porque ellas son garantía de tolerancia, convivencia pacífica y freno a las arbitrariedades y desbordes de poder.

FIRMAN:

Apostasía Colectiva Uruguay

Asociación Civil Trazos

Asociación Civil 20 de Setiembre

AILP (Asociación Internacional del Libre Pensamiento)

AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores)

AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional

Círculo Escéptico Uruguay

Club Teresita Garibaldi

SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)

A la ciudadanía toda:

Ante el conocimiento público de los abusos sexuales hacia menores de edad cometidos por integrantes de la Iglesia Católica en los últimos años y el reconocimiento de tales aberraciones, violatorias de los Derechos Humanos, por parte de esa institución, a través de documentos emitidos por la Conferencia Episcopal del Uruguay el día 13 de abril las organizaciones firmantes manifiestan:

• Su solidaridad con las víctimas, ofreciendo lo que esté a su alcance respecto al asesoramiento en diferentes áreas, contribuyendo a la recomposición personal, y al esclarecimiento de los crímenes por la vía judicial.

• Su repudio y condena ante los reiterados actos de abuso sexual a menores y otros actos de violencia, física o psicológica, por parte de numerosos sacerdotes católicos y al encubrimiento sistemático e institucional de las jerarquías de la Iglesia Católica -tanto en el territorio nacional como en el Vaticano- a través del tiempo. Hacen suyas las declaraciones de condena a iguales actos delictivos en el mundo entero, realizadas por la AILP (Asociación Internacional de Libre Pensamiento) y otras instituciones defensoras de los DDHH.

• Preocupación ante los reiterados crímenes sexuales y actos delictivos en el mundo entero perpetrados por sacerdotes católicos, que emergen a la luz pública en las últimas décadas a través de investigaciones periodísticas. Uruguay no es ajeno a tales aberraciones, presentes a lo largo de toda nuestra historia, habiendo motivado alarma e indignación ciudadana en el 1900, antes de la consagración del Estado Laico por la Constitución de 1917, donde se establece la separación de la iglesia católica del Estado, con el voto afirmativo de prácticamente todos los partidos políticos de entonces y la aprobación de la ciudadanía en un plebiscito. Hoy como ayer salen a luz estos actos, al desafiar el ocultamiento de las altas jerarquías católicas.

• Reivindicar a las instituciones estatales –representativas de toda la sociedad y garantes de los derechos de la ciudadanía- como la vía de canalización de las denuncias de abuso sexual: tanto a través de la policía como del poder judicial. En consecuencia, manifestamos el más absoluto y contundente rechazo a la estrategia implementada por la Conferencia Episcopal del Uruguay de convocar a las víctimas a que realicen las denuncias ante un organismo creado en su seno a tales efectos. La actuación de esta oficina eclesial “ad hoc” de las instituciones estatales, estará inevitablemente signada por la parcialidad, como la experiencia lo indica. Según el órgano católico de referencia estará integrado por personal “idóneo”, que tendrá que informar a las autoridades eclesiásticas, las que tienen control sobre la misma, resultando de ello que las autoridades se transforman en juez y parte. Actuará como un  “filtro” ante el Estado, cuando en realidad la institución que representa debe ser indagada. Este ensayo de privatización de la justicia o derecho paralelo, consagra en los hechos, la división de la sociedad en categorías de triste memoria en la historia reciente: por un lado el conjunto de los ciudadanos y por otro, los sacerdotes católicos que gozan de privilegios especiales. Un derecho paralelo, inadmisible para la institucionalidad republicana y la definición de Estado Laico, evocador de otras modalidades de corporativismo que han sido nefastas en la historia reciente del país, y que nos han agredido hace poco, como sociedad, con el robo de materiales relativos a la búsqueda de desaparecidos. Distintos corporativismos, similares ocultamientos.

• Denunciar el encubrimiento de los casos de pedofilia a lo largo del tiempo. Como lo demuestran las investigaciones periodísticas, los casos en los últimos años no fueron denunciados ante la justicia por las autoridades eclesiásticas. Tal es el caso notorio del ex arzobispo de Montevideo Nicolás Cotugno, que integró la Comisión Para la Paz y otros organismos para el esclarecimiento de violaciones a los DDHH, y sin embargo –como se ha comprobado- encubrió a sacerdotes pedófilos durante los años de su gestión. El mencionado jerarca actualmente integra la Conferencia Episcopal del Uruguay como obispo emérito y por lo tanto es miembro activo -con voz y voto- de ese organismo. Iguales consideraciones pueden realizarse en los casos de violación y abuso sexual en el mismo tiempo y posterior, incluyendo el presente, en los departamentos de Montevideo y Treinta y Tres, involucrando a otros jerarcas.

• El reconocimiento a la revocación del decreto de la Intendencia de Treinta y Tres, que declaraba como ciudadano ilustre al sacerdote Francesco Zapella (22 de setiembre de 2014), de nacionalidad italiana, pero de actuación en Uruguay por largo tiempo, debido a “las informaciones emitidas” por la prensa (decreto revocatorio del 14 de abril de 2016). El sacerdote Zapella había llegado a Uruguay con una causa abierta en Italia en 1991 por abuso sexual a menores y en la actualidad tiene causa abierta en Uruguay imputado por los mismos motivos. Finalmente la verdad salió a luz, pese al empecinado ocultamiento de las jerarquías eclesiásticas

• Reconocer la labor periodística y de investigación, como factor fundamental en el conocimiento de los hechos y de información a la ciudadanía, evitando de esa forma, la invisibilización de los mismos y en consecuencia, el encubrimiento de los criminales. Lo mismo ha sucedido en diversas partes del mundo, recientemente relatado por la película “Spotligh”, inspirada en la investigación periodística que da cuenta de los casos de pedofilia en la ciudad de Boston, estado de Massachussets (USA). La Conferencia Episcopal del Uruguay y su vocero Milton Tróccoli (obispo auxiliar de Montevideo) reconocen su salida a la opinión pública “frente a las resonancias generadas por el film Spotlight, que ha llevado a varios medios de comunicación a realizar investigaciones sobre este asunto.” (13 de abril de 2016)

• Llamar a la ciudadanía a estar atentos, a custodiar los derechos de nuestros niños y niñas, y a denunciar a las autoridades estatales todos los actos que supongan la vulneración de derechos, sea maltrato o violencia física, emocional, o sexual. No permitir que estas aberraciones continúen sucediendo. Recomendar a las víctimas y a sus familiares o allegados, a realizar las denuncias correspondientes a través de los mecanismos legales vigentes.

• Preocupación ante la injerencia y protagonismo de la Iglesia Católica en los asuntos públicos, permanentemente convocada por las autoridades estatales como un actor de consulta, por ser –según se dice- un referente moral, vulnerando y violentando la institucionalidad republicana y laica del Uruguay, que en el art. 5º de su Constitución establece que “el Estado no sostiene religión alguna”, así como las elementales reglas de convivencia tolerante. Los sacerdotes católicos y de otros credos deben estar fuera de las instituciones estatales, y en particular fuera de la escuela pública y del cuidado de menores. Tal como lo demuestran los hechos del presente y la historia, la Iglesia Católica no puede arrogarse ser el reservorio de las virtudes morales, ni enarbolar las banderas de exclusivismos anacrónicos y autoritarios.

• Rechazar, por las razones jurídicas, políticas y morales expuestas, todo intento de colonización e invasión del Estado y del espacio público, incluyendo la instalación de símbolos o imágenes religiosas (valga como ejemplo el proyecto de erigir un monumento a la virgen María en la rambla del Buceo en Montevideo) por parte de las organizaciones religiosas, así como la transferencia de recursos estatales a las instituciones educativas privadas, en particular las religiosas. Uruguay es un Estado Laico y sus instituciones democrático-republicanas son garantía de tolerancia, convivencia pacífica e igualdad ante la ley, sin privilegios de ninguna naturaleza. Del celo y compromiso de  los ciudadanos en su defensa depende que lo siga siendo.

Montevideo, 15 de abril de 2016

Apostasía Colectiva Uruguay

Asociación Civil Trazos

Asociación Civil 20 de Setiembre

AILP (Asociación Internacional del Libre Pensamiento)

AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores)

AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional

Círculo Escéptico Uruguay

Club Teresita Garibaldi

MySU (Mujer y Salud en Uruguay)

SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)

Carta abierta

EN DEFENSA DE LA LAICIDAD

Y DEL ESTADO LAICO

A propósito del proyecto de instalar una imagen religiosa en la rambla de Montevideo

Montevideo, 19 de febrero de 2016

Al señor Intendente de Montevideo, Ing. Daniel Martínez,

a los señores y señoras ediles de la Junta Departamental de Montevideo,

a la ciudadanía toda:

Ante el proyecto presentado a la Intendencia de Montevideo por la Arquidiócesis de este departamento, según consta en los medios de comunicación de esta entidad, solicitando la aprobación para instalar, en un espacio público frente al puerto del Buceo, la imagen de lo que denominan la “virgen milagrosa”, los abajo firmantes manifiestan que:

• Uruguay es un Estado Laico, como tal, las instalaciones estatales y los espacios públicos en general deben guardar la neutralidad correspondiente, preservándolos para el uso y goce común de toda la ciudadanía y – en ningún caso – para el usufructo de una colectividad religiosa en particular. Esto es válido para todo el ámbito de soberanía de la República –superficie terrena, marítima y fluvial-  incluyendo sus islas y el territorio antártico. Por ello, igualmente rechazamos la estatua religiosa instalada recientemente en la isla de Flores.

• La laicidad es la libre manifestación de todas las concepciones religiosas, políticas e ideológicas en igualdad de condiciones, sin preferencias para una en particular, en función de su peso o tradición social o alguna otra consideración particular, plasmándose institucionalmente en el Estado Laico. En él todos los ciudadanos y ciudadanas son iguales, no admitiéndose favoritismos que, sea por el resultado del orden jurídico o por vía de los hechos, resulten en la instauración de ciudadanos de categorías A, B, o C, de triste memoria en el recuerdo de los uruguayos. Consagrar favoritismos implica romper una regla fundamental de la democracia republicana y laica.

• Nuestra Constitución de la República expresa, de manera clara y concreta, que la libertad de cultos está garantizada plenamente y que todas las manifestaciones religiosas tienen derecho a expresarse libremente. En el Estado Laico las instalaciones estatales y los espacios públicos no pueden, y fundamentalmente no deben, ser un escenario de competencia entre preferencias particulares religiosas o políticas, sino el ámbito reservado al bien común.

• La instalación de un símbolo religioso en ese espacio, en forma permanente, constituye una violación a la laicidad y la vulneración de las reglas de convivencia tolerante entre todos los ciudadanos. Significa, en los hechos, un claro favoritismo hacia quienes tienen determinada influencia en las esferas estatales, en detrimento de otras expresiones minoritarias discriminadas, suponiendo una injusticia y generando condiciones de dominación inaceptables en una república democrática y laica. La opresión consentida y consagrada jurídicamente es la peor de las opresiones.

• Por todo ello, consideramos que si – finalmente – se acepta y decide instalar otra imagen religiosa, esta vez en la rambla del Buceo, no sólo sería violatoria de la laicidad sino que también se apartaría de la aplicación justa e igualitaria de la libertad de cultos. El hecho de que existan otros símbolos religiosos en el departamento de Montevideo, siendo también ellos violatorios de la laicidad y el Estado Laico, no habilita ni legitima una decisión que implique una nueva e irritante violación a la misma.

• En estas circunstancias, llamamos a la ciudadanía a movilizarse en defensa de la Laicidad y el Estado Laico, en el entendido que su institucionalidad garantiza la convivencia tolerante y respetuosa de todas las expresiones, reservándose los asuntos de conciencia al ámbito privado, en tanto el espacio público es el que reúne a todos los ciudadanos -sin preferencias, favoritismos, ni segregaciones de ninguna naturaleza- en la búsqueda del bien común.

AILP (Asociación Internacional de Librepensamiento)

APEL (Alianza Por la Educación y la Laicidad)

Apostasía Colectiva Uruguay

Asociación Civil Trazos

Asociación Civil 20 de setiembre

AUDEPRA (Asociación Uruguaya en Defensa del Pensamiento Racional)

AULP (Asociación Uruguaya de Libre Pensadores)

Círculo Escéptico Uruguay

ILEC (Instituto Laico de Estudios Contemporáneos)

MYSU (Mujer y Salud en Uruguay)

SAEL (Sociedad de Amigos de la Educación Laica)

El pasado 23 de setiembre del corriente año, fecha en que se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del prócer General José Artigas, se realizó la reinauguración de una capilla en las instalaciones del Hospital Central de las Fuerzas Armadas en la capital de la República, con la presencia del cardenal y arzobispo de Montevideo Daniel Sturla y la señora María Auxiliadora Delgado –esposa del señor Presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez –,  según fue publicitado en www.dnsffaa.gub.uy  y en el Semanario Búsqueda de fecha 22 de octubre, así como la creación en el seno de esa dependencia estatal de un denominado ‘’departamento de asuntos religiosos’’.

 Ante ello, la Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores expresa a la Opinión Pública que:

1. La Libertad de cultos está garantizada constitucionalmente en nuestro país, por lo que cada ciudadano es libre de creer o no creer según sus gustos y preferencias, teniendo la posibilidad de su práctica en el ámbito íntimo o de los templos de las distintas corrientes religiosas presentes en el país, pero el Estado “no sostiene religión alguna” (Art. 5º de la Constitución de la República), por lo que la instalación de una capilla religiosa y un departamento de asuntos religiosos en una dependencia estatal, es contrario a la Carta Magna.
2. Se impone que el mando superior de las Fuerzas Armadas, integrado por el Sr. Presidente de la República y el Sr. Ministro de Defensa Nacional, intervenga para restablecer el orden republicano y laico subvertido de hecho por prácticas apartadas de la norma constitucional, y ajena a los valores republicanos de tolerancia y convivencia armoniosa.
3. El art. 58º de la Constitución establece para los funcionarios públicos que ‘’en los lugares y horas de trabajo, queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier tipo’’. Preguntamos: ¿Qué tiene que ver con la función pública de los integrantes de las fuerzas armadas, una capilla religiosa y una oficina de asuntos religiosos? ¿Los precarios recursos del presupuesto nacional se destinan a financiar actividades religiosas? ¿Con que fin particulares ponen dinero para financiar esas actividades?
4. Reiteramos como ya lo hizo el V Congreso Internacional del Libre Pensamiento reunido en el pasado mes de Setiembre en Montevideo, nuestro pesar por la constatación de la participación por acción u omisión de distintos actores de la vida nacional del Uruguay, favoreciendo esos retrocesos.
5. Solicitamos con el mayor de los respetos a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tomar las acciones necesarias para que se rectifique lo actuado y se suprima la mencionada capilla y el “departamento de asuntos religiosos” del Hospital Central de las Fuerzas Armadas, por ser violatorio de la Libertad de Conciencia que garantiza la Laicidad y por su carácter proselitista ajeno al tradicional carácter abstencionista de nuestro Estado en esa materia.

23 de octubre de 2015

Asociación Uruguaya de Libre-Pensadores.